Discrepancia del Gobierno con el Ayuntamiento y la Generalitat por el pago del canon de 20 M a ACM

En la reunión del Consorcio Valencia 2007 celebrada ayer se presentía consenso, èro nada más lejos de la realidad. Se ha puesto de manifiesto la discrepancia del Gobierno con el Ayuntamiento y la Generalitat por el pago del canon de 20 millones de euros que establece el contrato de ACM para la disputa de las regatas en julio y octubre de 2009 en Valencia.
El Gobierno ha rechazado el contrato y se ha negado a pagar el canon por lo que el Ayuntamiento y la Generalitat han decidido negociar por su cuenta el contrato con la empresa suiza que gestiona la Copa del América.

La alcaldesa de Valencia y presidenta del Consorcio Valencia 2007, Rita Barberá, ha presidido la reunión a la que también ha asistido la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, mientras que en representación de la Generalitat ha acudido el vicepresidente primero y portavoz del Consell, Vicente Rambla.

Después de tres hora y media de reunión, en su comparecencia, Salgado ha dejado patente la negativa del Gobierno a pagar ese canon para la disputa de las regatas de julio y octubre, al margen de la posible celebración de la 33 edición, pendiente de la decisión del Tribunal de Apelación de la Corte Suprema de Nueva York respecto al conflicto que enfrenta a Alinghi y BMW-Oracle.
"Es excesivo y exorbitante", sentenció Salgado, quien agregó que el contrato de ACM "tiene condiciones que no son fácilmente aceptables" como dar por hecho que la 33 edición se disputará bajo los mismos supuestos que la de 2007 cuando está pendiente de una decisión judicial. Tal y como explicó la ministra Elena Salgado, vicepresidenta de la entidad, el Gobierno no está dispuesto asumir las condiciones que pretende la empresa suiza, que calificó de "abusivas" y exorbitantes", e incluso citó algunas de las cláusulas planteadas, como el pago de un canon de 20 millones de euros por las dos pruebas, la obligatoriedad de los restaurantes y demás servicios de abonar un 15% de ingresos a la organización, o que sólo puedan anunciarse sus marcas en el recinto portuario durante la competicón.
"El modelo de contrato de ACM tiene cuestiones que no son fáciles de aceptar", dijo Salgado. Algunos de estos requisitos ya estaban vigentes durante la 32 edición de la prueba, aunque el argumento que esgrimía Salgado ayer era que las dos prerregatas previstas no están ligadas a la celebración de la 33 edición, por lo que al no ser eventos comparables no se pueden plantear exigencias semejantes.
Igualmente, señaló que el contrato exige la construcción inmediata de siete nuevas bases en un tiempo breve y que si el sindicato estadounidense BMW-Oracle pierde el juicio, sea expulsado de su base en un plazo máximo de sesenta días. "Estas condiciones no benefician a Valencia, ni al Consorcio ni a los ciudadanos", afirmó.
Salgado insistió en que el Gobierno "está de acuerdo con que se celebren regatas en 2009, que las instalaciones tengan la máxima utilización y que se celebre cualquier evento que contribuya a dinamizar la vida económica y social de Valencia pero no puede tomar partido por uno de los litigantes y aceptar el contrato supondría hacerlo".
Salgado, que aseguró que Ayuntamiento y Generalitat aceptan el contrato de ACM, admitió que si finalmente ese canon que el Gobierno se niega a pagar ahora fuera un adelanto de un pago posterior por la disputa de la 33 Copa del América, no tendrían "inconveniente en reconsiderar su posición y pagar más si hace falta".

La alcaldesa de Valencia, que compareció tras la ministra, mostró su indignación por la negativa del Gobierno, y consideró una "tomadura de pelo" las negociaciones de los últimos días respecto a ese contrato, "que hoy parecían desconocer por completo".
"El Gobierno no va a pagar nada porque le parece exorbitante, pero puedo anunciar a los valencianos y especialmente a los sectores económicos que tanto lo esperan que el Ayuntamiento y la Generalitat harán las regatas", afirmó.

El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Valencia, Cristóbal Grau, que compareció junto a Barberá, explicó que las críticas que el Gobierno ha hecho al contrato "son las mismas anotaciones nuestras que en los últimos días les hemos hecho llegar para que negociáramos".
Por este motivo, se mostró contrariado por el hecho de que el Gobierno se niegue ahora a firmar el contrato y a aprobar el decreto de medidas fiscales para los equipos hasta que no se dilucide el futuro de la competición.

Respecto a las medidas fiscales, Salgado apuntó que cuando se conozca el modelo de disputa de la 33 Copa del América, los equipos podrán beneficiarse de las ventajas fiscales con carácter retroactivo.

Barberá negó que el Ayuntamiento y la Generalitat acepten el contrato de ACM, tal y como aseguró Salgado, y anunció que "de manera inmediata" se sentarán con la empresa suiza para cerrar las condiciones y el canon para la celebración de las regatas de este año. "Pueden pedir lo que quieran pero está por negociar", resaltó.

La presidenta del Consorcio aseguró que el debate generado hoy "ha puesto de manifiesto la falta de voluntad del Gobierno de trabajar decididamente por los proyectos que lanzan a Valencia al mundo y que le dan el potencial que ha hecho que en los últimos años todas las miradas se giren hacia la ciudad".