UNA DUNA DE IRREGULARIDADES - ARTICULO PUBLICADO EN EL FARADIO.COM EL DIA 17 07 2016
Articulo publicado por elfarado.com el 16 07 2016.
UNA DUNA DE IRREGULARIDADES
17 DE JULIO DE 2016. POR EL FARADIO
| José Francisco García de Soto y de la Roza, Capitán de la Marina Mercante – Olímpico en Montreal y Seúl |
Infografía de la Duna de Zaera, construida para el Mundial de Vela Santander 2014
Cuando en el año 2012 la Federación Española de Vela (RFEV) solicitó al Puerto de Santander la cesión de 2.321 metros cuadrados para la construcción de un nuevo hangar en el que almacenar los barcos del equipo preolímpico, se encontraba en pleno proceso electoral, dirigida por una Junta Gestora y un presidente en funciones, Gerardo Pombo García, sin capacidad estatutaria para comprometer a la Federación en obligaciones económicas que superasen el presupuesto anual vigente.
Para salvar esta imposibilidad legal, la RFEV presentó a la Autoridad Portuaria una certificación de su entonces secretario de actas, Antonio Candela Domingo, según la cual el presidente en funciones Gerardo Pombo había sido facultado expresamente para adquirir en nombre de la Federación las obligaciones derivadas de la concesión, en “reunión de su Comité Ejecutivo, de 21 de septiembre de 2012, ratificado por la Junta Directiva en la sesión celebrada ese mismo día”.
Ocurre que esa certificación es un documento falso, tal como el señor Candela ha reconocido expresamente en confesión judicial, con motivo de las diligencias que se llevaban en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Santander, contra Pombo y Labat por el “auto contrato” que se hizo el primero con la colaboración del segundo para dirigir el Mundial de Vela de Santander 2014.
Y como se ratifica en la certificación emitida por el nuevo secretario de la Federación, Manuel Torres Simón, con fecha 21 de mayo de 2013, en la que literalmente se afirma que en “los archivos de esta Real Federación Española de Vela, no se encuentra ningún acta correspondiente a la fecha de 21 de septiembre de 2012 por reuniones celebradas del Comité Ejecutivo ni de la Junta Directiva”.
Estos hechos se han denunciado y documentado ante la Autoridad Portuaria, que se ha negado a incoar el correspondiente expediente de nulidad de la concesión alegando la supuesta falta de legitimación del denunciante. Lo que la convierte en la práctica en cómplice de un delito de falsedad documental confesado en sede judicial, por amparar las consecuencias derivadas del mismo.
La construcción del nuevo hangar originó además otros problemas legales desde su inicio. Ecologistas en Acción presentó un recurso contencioso-administrativo contra la concesión basado en la incapacidad legal de la Federación para asumir ese compromiso al carecer de una representación suficiente.
A lo que se añadía que la concesión no mencionaba la existencia de dos naves propiedad de la Autoridad Portuaria en ese mismo terreno, ya utilizadas por la Federación y cuyo necesario derribo no formaba parte del contenido de la concesión administrativa.
Lamentablemente, tanto la solicitud de paralización cautelar como la nulidad de la concesión no fueron aceptadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que rechazó todas las pruebas solicitadas y presentadas por Ecologistas en Acción y dio por válidos y acordes a derecho los documentos aportados tanto por la Autoridad Portuaria como por la Federación, sin atender a la incapacidad legal de la misma, en esos momentos electorales, para adquirir una obligación económica que superaba su capacidad (al borde de la suspensión de pagos), y sin presupuesto aprobado para su construcción.
Las irregularidades continuaron con la modificación por tres veces del Pliego de Condiciones de contratación de la obra por parte de una Comisión gestora sin capacidad legal para hacerlo, dado que estos pliegos iniciales habían sido aprobados por una Junta Directiva que ya no existía, y solo podían modificarse en una Asamblea General de la Federación, que en elecciones era imposible.
Con estas modificaciones irregulares y nulas en derecho, se posibilitó que la obra se adjudicase a una empresa que, de acuerdo con el pliego original, no podría haberse presentado al concurso.
Las naves, con tejado de uralita, fueron derribadas en fin de semana y sin la adopción de las medidas legales preventivas de la contaminación resultante del manejo de ese material hace ya muchos años prohibido por sus efectos cancerígenos.
La Duna comenzó a construirse sin disponer de la correspondiente Licencia Municipal de Obras, lo que fue denunciado ante el Ayuntamiento y Autoridad Portuaria, que miraron para otro lado, permitiendo la continuación de unas obras en ese momento ilegales.
Por si todo lo anterior no fuese suficiente, nunca ha podido saberse quién pagó el impuesto municipal por la licencia de obras, mediante un ingreso anónimo y en efectivo en el Ayuntamiento de varios miles de euros, sin ninguna identificación del que lo hace.
Lamentablemente, las continuas denuncias perfectamente documentadas de estos hechos, no han dado lugar a que las administraciones implicadas hayan adoptado las medidas que legalmente correspondían en cada momento, lo que las convierte de hecho, en cómplices de unos comportamientos no solo irregulares, contrarios a derecho y perjudiciales para las arcas públicas, sino que incluso incurren en presuntos delitos de falsedad documental y usurpación de funciones.
La Duna Zaera constituye por todo ello, y por su utilización actual contraria a lo establecido en las condiciones de la concesión de la Autoridad Portuaria (realización de eventos de hostelería, cobro de alquileres a los socios del RCMS, etc.), un claro y lamentable ejemplo (uno más) de como en este país siguen quedando impunes actuaciones abiertamente contrarias a derecho de ciertas personas al frente de determinadas administraciones públicas, y ello con total desconocimiento de la inmensa mayoría de la población que con sus impuestos sufraga semejantes fechorías.